jueves, 26 de septiembre de 2013

LA EXPROPIACIÓN FORZOSA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA



Nuestra Constitución establece, en su artículo 33, que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Dicho de otra forma, a través de esta disposición la Constitución reconoce  la facultad administrativa de expropiación forzosa

Como establece la exposición de motivos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, la expropiación forzosa se produce cuando,  decidida la colisión entre el interés público y el privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover jurídicamente la transmisión imperativa del derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, efectiva en favor del particular la justa indemnización correspondiente. 

La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia y el Municipio, si bien podrán ser beneficiarios de la misma las entidades o concesionarios a los que se les reconozca mediante ley esa condición. 

La expropiación podrá llevarse a cabo aunque el propietario transmitiese la propiedad del bien de utilidad pública, por lo que este no impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa, pues se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.
Por otra parte, conviene tener en cuenta que la cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevo destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

La expropiación forzosa debe realizarse de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido para ello, compensando al titular del bien a expropiar con el denominado justiprecio, que supone una indemnización que sea equivalente al valor que tiene el bien.

domingo, 22 de septiembre de 2013

LAS MULTAS POR ALCOHOLEMIA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES



La multa por alcoholemia es aquella sanción administrativa que se impone a una persona que conduce un vehículo cuando tiene una tasa de alcohol en el cuerpo superior a la que la ley permite. Conviene tener en cuenta que estas multas no sólo pueden imponerse a conductores de vehículos a motor (coches, camiones, etc), sino que las personas que conducen bicicletas, por ejemplo, también pueden ser sancionadas por esta causa.
El Reglamento General de Circulación, en su artículo 21, establece una obligación general de someterse al control de alcoholemia a todas las personas que se vean envueltas en un accidente de tráfico. En este caso, el sujeto pasivo es incluso más amplio, pues no sólo los conductores de vehículos y bicicletas están obligados, sino también cualquier persona relacionada con el suceso.
La multa por alcoholemia se impone cuando el citado test resulta positivo. Estas pruebas podrán hacerse en determinados supuestos que la ley prevé. En primer lugar, cuando haya un accidente de tráfico. En segundo lugar, cuando la autoridad aprecie síntomas evidentes de que un conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol. Por último, también se realizará el test de alcoholemia cuando haya un control de alcoholemia programado y el conductor sea requerido para hacerlos.
El test de alcoholemia resulta positivo cuando se supera una tasa de alcohol que está fijada en la ley, en concreto, que esta tasa sea superior  a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
El límite de alcohol en sangre se reduce para el caso de los conductores más inexpertos, es decir, aquellos que obtuvieron su permiso de conducir hace menos de dos años. Para ellos, el límite de tasa de alcohol en sangre es de 0,3 gramos por litro y de alcohol en aire espirado es de 0,15 miligramos por litro.

lunes, 16 de septiembre de 2013

Plazos para interponer los recursos administrativos

No existe un tiempo ilimitado para interponer recursos administrativos, por el contrario deben tenerse muy presentes los plazos establecidos para no perder la oportunidad de recurrir. Estos plazos varían según el tipo de recurso y son los siguientes:

  • Recurso de alzada: el plazo es de un mes si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses desde que, según la legislación aplicable, se produzca el acto presunto. 
  • Recurso potestativo de reposición: los plazos son los mismos que en el recurso de alzada.
  • Recurso extraordinario de revisión: cuando la causa del recurso es la comisión de un error de hecho, el recurso podrá interponerse dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación. En el resto de los casos, el plazo es de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que se produjo la firmeza de la sentencia.

lunes, 2 de septiembre de 2013

Actos administrativos no recurribles


No todos los actos administrativos que dicta la administración son recurribles en vía administrativa. Por el contrario, existen ciertos tipos de disposiciones contra los que no pueden interponerse recursos. Estos son los siguientes:

  • Los actos dictados por los miembros y órganos del Gobierno.
  • Los dictados por órganos directivos, con nivel de Director general o superior.
  • Dentro de la Administración General del Estado, aquellos que hayan sido dictados por los máximos órganos de dirección, salvo que la ley disponga otra cosa.
Por último, contra las disposiciones administrativas de carácter general,  no cabe interponer tampoco ningún recurso en vía administrativa