miércoles, 23 de octubre de 2013

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO



Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, así como  regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

Esta ley crea una clasificación de los contratos del sector público, estableciendo los siguientes tipos: contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

Residualmente, la ley establece que los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

Además, la ley regula con detenimiento el contenido y la forma que los contratos públicos han de presentar, así como los vicios de nulidad o invalidez en los que estos pudieran incurrir y las consecuencias que de ello se derivarían.

LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA A LA VÍA CIVIL O LABORAL



El interesado, como requisito previo al proceso civil o laboral, ha de presentar reclamación administrativa previa cuando la Administración Pública tenga la posición de demandada en dicho proceso. 

En estos casos, el objeto de la de la reclamación administrativa previa ante la Administración Pública será el ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral. Una vez se interpone esta reclamación, no podrá iniciarse el proceso judicial ante los tribunales hasta que no haya sido resuelta, o bien haya transcurrido el plazo para que se entienda desestimada.

En caso de una reclamación de naturaleza civil, el plazo de resolución será de tres meses y la falta de resolución tendrá efectos desestimatorios (silencio administrativo negativo).

En cuanto a las reclamaciones relativas a asuntos laborales, el objeto de la reclamación serán todas aquellas cuestiones relativas al reconocimiento y disfrute de prestaciones de esta naturaleza. En estos casos el plazo de resolución se reduce a un mes y se entenderá por desestimada la reclamación cuando transcurran dos meses sin que la Administración haya resuelto. 

Por último, en caso de que la reclamación se refiera a materias propias de la Seguridad Social, el silencio también se entenderá desestimatorio, debiendo interponerse la demanda en el plazo de treinta días desde el rechazo por silencio administrativo.