viernes, 26 de septiembre de 2014

Expropiación forzosa

Expropiación forzosa
La expropiación forzosa es la potestad que permite a las Administraciones en los supuestos legalmente previstos sacrificar situaciones patrimoniales que generalmente son privadas. Es decir, se trata de extinguir o transformar el derecho de propiedad con condiciones procedimentales.

La legislación que regula la expropiación forzosa es la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento y habilitan a expropiar a la Administración General del Estado, Provinciales y Municipios.

Es necesario distinguir ciertas figuras afines pero que no tienen la misma naturaleza que la expropiación en tanto en cuanto no suponen una trasmisión de la propiedad privada. Este es el caso de las servidumbres legales.

La competencia en materia de expropiación forzosa se reserva al Estado aunque existen aspectos relativos a la misma en la que si pueden regular las Comunidades Autónomas. De este modo, la regulación sustantiva es competencia del Estado pero las medidas de carácter instrumental pueden ser de regulación autonómica.

El procedimiento ordinario de expropiación forzosa parte del presupuesto de declaración de utilidad pública o interés social de un bien y se desarrolla en tres fases separadas: el acuerdo de necesidad de ocupación, la fijación del justiprecio y el pago y ocupación. También, se prevé un procedimiento expropiatorio urgente.

miércoles, 27 de agosto de 2014

El municipio y el padrón municipal

El municipio y el padrón municipal
El municipio es una administración territorial y sus competencias son ejercidas sobre un territorio. El artículo 12 de la Ley de Bases del Régimen Local establece cierta limitación sobre el territorio sobre el que puede recaer un municipio, estableciendo que este debe pertenecer a una sola provincia y ello es lógico pues la gestión de los límites municipales depende de las Comunidades Autónomas por lo que el hecho de pertenecer a dos distintas podría acarrear muchos problemas.

El padrón municipal es el instrumento de gestión de la población del municipio. Queda regulado por la Ley de Bases del Régimen Local y en él se registra la población que reside en el municipio.

 En el padrón municipal es posible que se inscriban personas extranjeras, incluso ilegales si bien el artículo 18.2 establece que la inscripción de un extranjero en él no constituye prueba de su residencia legal en España.

El hecho de estar inscrito en el padrón municipal lleva a que a los vecinos se les otorguen ciertos derechos que deben estar garantizados por el municipio, por ejemplo el derecho a exigir que les sean prestados los servicios de carácter obligatorio contenidos en la ley con la posibilidad de impugnación presupuestaria.

viernes, 18 de julio de 2014

Principios de la potestad sancionadora

Principios potestad sancionadora
En el Derecho español se prevé la posibilidad de que el Estado con el fin de proteger bienes jurídicos manifieste el denominado ius puniendi a través de dos vías: la penal y la administrativa.

La segunda de estas vías da lugar a la denominada potestad sancionadora de la Administración que está regida por ciertos principios, a veces coincidentes con los del Derecho Penal.

En primer lugar, se debe cumplir el principio de legalidad por el cual la potestad sancionadora no podrá ejercerse si no ha sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley y precisamente por los órganos que la misma imponga.

La tipicidad se constituye como otro principio de esta potestad por la cual no es posible sancionar a nadie por acciones u omisiones si estas no están previstas como sanción en la Ley.

El tercero de los principio, es la irretroactividad por la cual no es posible aplicar disposiciones sancionadoras con carácter retroactivo, esto es, solo se aplicaran las disposiciones vigentes en el momento de producción de los hechos constitutivos de infracción.

Además, hay que añadir la proporcionalidad, la responsabilidad y el denominado non bis in ídem (no cabe sancionar dos veces por un mismo hecho).

lunes, 16 de junio de 2014

Autorización administrativa

Autorización administrativa
Una autorización es el título habilitante, licencia o permiso que concede la Administración dentro del contenido de su acción administrativa tendente a la ordenación y control en la actividad de ciudadanos y entidades.

Supone la existencia de un derecho o interés previo a la intervención administrativa y gracias e a ella se produce la remoción de obstáculos jurídicos para su ejercicio.

En los últimos tiempos ha existido un abuso en la utilización de manera sistemática de este instrumento en el ámbito económico para poner en práctica políticas industriales, comerciales, etc. con la finalidad de transformar, orientar y encauzar por medio de las mismas sectores de actividad enteros en la dirección deseada lo que ha supuesto una alteración del sentido de la autorización en su origen.

Es posible encontrar distintas clasificaciones de autorizaciones. Por ejemplo, en atención a la amplitud del margen de la decisión administrativa se encuentran las denominadas autorizaciones regladas que son automáticas o inmediatas desde la ley por lo que rige un principio de intervención mínima y, por otro lado, las discrecionales que suponen que el interesado realice una comunicación o notificación previa y la Administración en atención a las circunstancias puede imponer ciertas condiciones o prohibiciones posteriormente.

lunes, 19 de mayo de 2014

Administraciones no territoriales

Administraciones no territoriales
En la configuración del Derecho Administrativo se prevé la existencia de administraciones no territoriales, también denominadas instrumentales. Algunas son entes de base asociativa en las que prevalecen sus miembros y otras su importancia reside en el objeto, tienen una base más institucional. Su figura paralela en el Derecho privado serán asociaciones y/o fundaciones.

En España la ley que recoge lo relativo a las administraciones no territoriales o institucionales es la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado que distingue entre organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Son entidades de derecho público ya que son creadas por un ente público de acuerdo con ley y tienen personalidad jurídica propia, por lo que cuentan con un patrimonio propio y gozan de cierto nivel de autonomía de gestión. La función de estos entes es desarrollar actividades de la Administración General del Estado. Como entidades públicas gozan de ciertas potestades pero no de todas, puesto que algunas quedan reservadas para las territoriales exclusivamente.

La diferencia entre organismos autónomos y entidades públicas empresariales es que las segundas intervienen en el mercado y por ello se someten al Derecho privado, aunque no en su totalidad, mientras que las primeras son públicas totalmente.

jueves, 24 de abril de 2014

La Administración General del Estado

La Administración del Estado es aquella parte de la Ad.P, identificada con el poder ejecutivo, que tiene a su cargo la gestión en todo el territorio nacional de aquellas funciones y servicios que se consideran fundamentales para la existencia misma de la comunidad nacional. Actúa bajo la dirección del gobierno y sirve con objetividad los intereses generales (art 97 y 103.1 CE).

Reglas Generales y Descriptivas (art 2 de la LOFAGE):

1. La Administración General del Estado, bajo la dirección del Gobierno y con sometimiento pleno a la Ley y al Dº, sirve con objetividad los intereses generales, desarrollando funciones ejecutivas de carácter administrativo

2. La Administración General. del Estado, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica propia.

3. Los Organismos públicos tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o gestión, tanto administrativa de fomento o prestación, como de contenido económico reservada a la Administración General. del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo Público, al Ministerio competente, por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine.

4. Las potestades y competencias administrativas que, en cada momento tengan atribuidas la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos por el OJ, determinan la capacidad de obrar de unos y otros.

5. Los órganos que integran la Administración General del Estado y sus Organismos públicos extienden su competencia a todo el territorio español, salvo cuando las normas que le sean de aplicación la limiten expresamente en una parte del mismo.

martes, 1 de abril de 2014

CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

* POR SU NATURALEZA: Se tiene en cuenta la voluntad de quien los realiza. Si su objetivo es modificar la ley o causar un efecto en los derechos que ésta regula, son jurídicos. No posee la voluntad de causar efectos jurídicos sino que es creado con el fin de ejecutar atribuciones de la administración pública mediante los siguientes actos:
Actos materiales
 Actos jurídicos
 Actos de gestión Actos de Reglamentación
 Acto Subjetivo
 Acto Sentencial

 * POR SU FINALIDAD. Son los medios para realizar las actividades administrativas los cuales se dividen en diferentes actos:
 Actos Preliminares y de procedimiento 
 Actos de ejecución
Actos Principales

 * POR LA FORMA. 
Acto simple
 Acto complejo
 Acto colegiado
 Acto unión
Acto Contrato
 Acto colectivo
 Acto unilateral
 Acto bilateral

 * POR SU VOLUNTAD Y LA LEY. Los actos administrativos de derecho son impuestos, observados y regulados por ley donde ninguna persona afectada a esta puede obviar las condiciones que determine: Obligatorios, reglados o vinculados
 Discrecionales

 * POR EL RADIO ZONAL DE SU ACCIONAR: 
 Internos. Estos hacen referencia a aquellas acciones realizadas para regular el funcionamiento interno de la ley en una administración.
 Externos. Estos comprenden las actividades más importantes del Estado, a través de las cuales él mismo ordena y controla la acción de los actos internos o individuales.

martes, 25 de febrero de 2014

Los actos administrativos

Dentro del término “acto” jurídico encontramos varios tipos. Uno de ellos es el administrativo, que consiste en la declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública y tiene la particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales.

 Al ser declaraciones, los actos materiales de la administración pública no se incluyen dentro de sus actos administrativos; estos últimos, por otra parte, se califican como ejecutivos debido a que no requieren de una autorización por parte del Poder Judicial para fijar sus características y que éstas sean de cumplimiento obligatorio.

 Clasificación de los actos administrativos:
1- Por su naturaleza
2- Por las voluntades que permiten su creación
3- Por la relación que existe entre su voluntad y la ley
4- Por el radio en el que repercuta su accionar
 5- Por su finalidad
 6- Por su contenido y consecuencias jurídicas: Cuando la tipificación de los actos administrativos obedece a aquellos a quienes están destinados, puede distinguirse entre los de carácter general (sus destinatarios no están determinados) y los de carácter singular (que se dirigen a un individuo). Los actos también pueden mantener un vínculo con normativas previas. Son, en estos caso, los administrativos reglados (relacionados con una norma que determina su contenido), a diferencia de los no reglados (cuando se puede escoger entre diferentes resoluciones).