viernes, 26 de septiembre de 2014

Expropiación forzosa

Expropiación forzosa
La expropiación forzosa es la potestad que permite a las Administraciones en los supuestos legalmente previstos sacrificar situaciones patrimoniales que generalmente son privadas. Es decir, se trata de extinguir o transformar el derecho de propiedad con condiciones procedimentales.

La legislación que regula la expropiación forzosa es la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento y habilitan a expropiar a la Administración General del Estado, Provinciales y Municipios.

Es necesario distinguir ciertas figuras afines pero que no tienen la misma naturaleza que la expropiación en tanto en cuanto no suponen una trasmisión de la propiedad privada. Este es el caso de las servidumbres legales.

La competencia en materia de expropiación forzosa se reserva al Estado aunque existen aspectos relativos a la misma en la que si pueden regular las Comunidades Autónomas. De este modo, la regulación sustantiva es competencia del Estado pero las medidas de carácter instrumental pueden ser de regulación autonómica.

El procedimiento ordinario de expropiación forzosa parte del presupuesto de declaración de utilidad pública o interés social de un bien y se desarrolla en tres fases separadas: el acuerdo de necesidad de ocupación, la fijación del justiprecio y el pago y ocupación. También, se prevé un procedimiento expropiatorio urgente.