martes, 25 de febrero de 2014

Los actos administrativos

Dentro del término “acto” jurídico encontramos varios tipos. Uno de ellos es el administrativo, que consiste en la declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública y tiene la particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales.

 Al ser declaraciones, los actos materiales de la administración pública no se incluyen dentro de sus actos administrativos; estos últimos, por otra parte, se califican como ejecutivos debido a que no requieren de una autorización por parte del Poder Judicial para fijar sus características y que éstas sean de cumplimiento obligatorio.

 Clasificación de los actos administrativos:
1- Por su naturaleza
2- Por las voluntades que permiten su creación
3- Por la relación que existe entre su voluntad y la ley
4- Por el radio en el que repercuta su accionar
 5- Por su finalidad
 6- Por su contenido y consecuencias jurídicas: Cuando la tipificación de los actos administrativos obedece a aquellos a quienes están destinados, puede distinguirse entre los de carácter general (sus destinatarios no están determinados) y los de carácter singular (que se dirigen a un individuo). Los actos también pueden mantener un vínculo con normativas previas. Son, en estos caso, los administrativos reglados (relacionados con una norma que determina su contenido), a diferencia de los no reglados (cuando se puede escoger entre diferentes resoluciones).

miércoles, 23 de octubre de 2013

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO



Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, así como  regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

Esta ley crea una clasificación de los contratos del sector público, estableciendo los siguientes tipos: contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

Residualmente, la ley establece que los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

Además, la ley regula con detenimiento el contenido y la forma que los contratos públicos han de presentar, así como los vicios de nulidad o invalidez en los que estos pudieran incurrir y las consecuencias que de ello se derivarían.

LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA A LA VÍA CIVIL O LABORAL



El interesado, como requisito previo al proceso civil o laboral, ha de presentar reclamación administrativa previa cuando la Administración Pública tenga la posición de demandada en dicho proceso. 

En estos casos, el objeto de la de la reclamación administrativa previa ante la Administración Pública será el ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral. Una vez se interpone esta reclamación, no podrá iniciarse el proceso judicial ante los tribunales hasta que no haya sido resuelta, o bien haya transcurrido el plazo para que se entienda desestimada.

En caso de una reclamación de naturaleza civil, el plazo de resolución será de tres meses y la falta de resolución tendrá efectos desestimatorios (silencio administrativo negativo).

En cuanto a las reclamaciones relativas a asuntos laborales, el objeto de la reclamación serán todas aquellas cuestiones relativas al reconocimiento y disfrute de prestaciones de esta naturaleza. En estos casos el plazo de resolución se reduce a un mes y se entenderá por desestimada la reclamación cuando transcurran dos meses sin que la Administración haya resuelto. 

Por último, en caso de que la reclamación se refiera a materias propias de la Seguridad Social, el silencio también se entenderá desestimatorio, debiendo interponerse la demanda en el plazo de treinta días desde el rechazo por silencio administrativo.

jueves, 26 de septiembre de 2013

LA EXPROPIACIÓN FORZOSA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA



Nuestra Constitución establece, en su artículo 33, que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Dicho de otra forma, a través de esta disposición la Constitución reconoce  la facultad administrativa de expropiación forzosa

Como establece la exposición de motivos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, la expropiación forzosa se produce cuando,  decidida la colisión entre el interés público y el privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover jurídicamente la transmisión imperativa del derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, efectiva en favor del particular la justa indemnización correspondiente. 

La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia y el Municipio, si bien podrán ser beneficiarios de la misma las entidades o concesionarios a los que se les reconozca mediante ley esa condición. 

La expropiación podrá llevarse a cabo aunque el propietario transmitiese la propiedad del bien de utilidad pública, por lo que este no impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa, pues se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.
Por otra parte, conviene tener en cuenta que la cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevo destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

La expropiación forzosa debe realizarse de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido para ello, compensando al titular del bien a expropiar con el denominado justiprecio, que supone una indemnización que sea equivalente al valor que tiene el bien.

domingo, 22 de septiembre de 2013

LAS MULTAS POR ALCOHOLEMIA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES



La multa por alcoholemia es aquella sanción administrativa que se impone a una persona que conduce un vehículo cuando tiene una tasa de alcohol en el cuerpo superior a la que la ley permite. Conviene tener en cuenta que estas multas no sólo pueden imponerse a conductores de vehículos a motor (coches, camiones, etc), sino que las personas que conducen bicicletas, por ejemplo, también pueden ser sancionadas por esta causa.
El Reglamento General de Circulación, en su artículo 21, establece una obligación general de someterse al control de alcoholemia a todas las personas que se vean envueltas en un accidente de tráfico. En este caso, el sujeto pasivo es incluso más amplio, pues no sólo los conductores de vehículos y bicicletas están obligados, sino también cualquier persona relacionada con el suceso.
La multa por alcoholemia se impone cuando el citado test resulta positivo. Estas pruebas podrán hacerse en determinados supuestos que la ley prevé. En primer lugar, cuando haya un accidente de tráfico. En segundo lugar, cuando la autoridad aprecie síntomas evidentes de que un conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol. Por último, también se realizará el test de alcoholemia cuando haya un control de alcoholemia programado y el conductor sea requerido para hacerlos.
El test de alcoholemia resulta positivo cuando se supera una tasa de alcohol que está fijada en la ley, en concreto, que esta tasa sea superior  a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
El límite de alcohol en sangre se reduce para el caso de los conductores más inexpertos, es decir, aquellos que obtuvieron su permiso de conducir hace menos de dos años. Para ellos, el límite de tasa de alcohol en sangre es de 0,3 gramos por litro y de alcohol en aire espirado es de 0,15 miligramos por litro.

lunes, 16 de septiembre de 2013

Plazos para interponer los recursos administrativos

No existe un tiempo ilimitado para interponer recursos administrativos, por el contrario deben tenerse muy presentes los plazos establecidos para no perder la oportunidad de recurrir. Estos plazos varían según el tipo de recurso y son los siguientes:

  • Recurso de alzada: el plazo es de un mes si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses desde que, según la legislación aplicable, se produzca el acto presunto. 
  • Recurso potestativo de reposición: los plazos son los mismos que en el recurso de alzada.
  • Recurso extraordinario de revisión: cuando la causa del recurso es la comisión de un error de hecho, el recurso podrá interponerse dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación. En el resto de los casos, el plazo es de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que se produjo la firmeza de la sentencia.

lunes, 2 de septiembre de 2013

Actos administrativos no recurribles


No todos los actos administrativos que dicta la administración son recurribles en vía administrativa. Por el contrario, existen ciertos tipos de disposiciones contra los que no pueden interponerse recursos. Estos son los siguientes:

  • Los actos dictados por los miembros y órganos del Gobierno.
  • Los dictados por órganos directivos, con nivel de Director general o superior.
  • Dentro de la Administración General del Estado, aquellos que hayan sido dictados por los máximos órganos de dirección, salvo que la ley disponga otra cosa.
Por último, contra las disposiciones administrativas de carácter general,  no cabe interponer tampoco ningún recurso en vía administrativa